CARACAS – Este jueves, las calles de la capital venezolana se convirtieron en el escenario de una tensa jornada de protesta. Trabajadores, jubilados y representantes de diversos gremios y sindicatos iniciaron una movilización masiva con un destino claro: el Palacio de Miraflores. ¿La exigencia? El fin de un congelamiento salarial que asfixia a las familias venezolanas desde hace dos años.
El rugido de una base trabajadora agotada
La movilización partió aproximadamente a las 11:00 am desde Plaza Venezuela. Lo que comenzó como una concentración pacífica se transformó rápidamente en una columna humana que clama por la restitución del poder adquisitivo.
El detonante: El ingreso mínimo legal permanece estancado desde marzo de 2022, mientras el costo de la canasta alimentaria sigue una trayectoria hiperinflacionaria.
La ruta: Para las 11:26 am, los manifestantes ya superaban el Parque Los Caobos, avanzando con determinación hacia la Avenida México y Bellas Artes.
Un muro de contención estatal
A pesar del carácter legítimo de las exigencias —amparadas en el artículo 91 de la Constitución—, el ambiente se ha tornado hostil. Reportes desde el lugar indican que el Gobierno ha desplegado un fuerte operativo para oprimir y contener la marcha, buscando evitar a toda costa que el descontento llegue a las puertas de la sede presidencial.
»No estamos pidiendo limosnas, exigimos lo que por derecho y trabajo nos corresponde. Vivir con un salario de 2022 en 2026 es una sentencia de hambre», declaró uno de los líderes sindicales presentes en la vanguardia.
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este miércoles la firma de una nueva ley orgánica diseñada para simplificar los trámites administrativos en el país
