La institucionalidad en Venezuela parece haber entrado en un ciclo de «refrescamiento» permanente que, lejos de despejar las dudas sobre su autonomía, profundiza las sombras que se ciernen sobre el sistema de justicia. El reciente anuncio de la Asamblea Nacional sobre la renovación de plazas en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es, bajo la lupa de la transparencia, un proceso que nace con más interrogantes que certezas.
El argumento oficial, esgrimido por la directiva del Parlamento, intenta normalizar lo extraordinario. Hablar de «distintas circunstancias» como jubilaciones, renuncias o el ambiguo término de «destacamiento» para justificar la selección de nuevos magistrados principales y suplentes, no es solo una imprecisión técnica; es una omisión deliberada de la rendición de cuentas. En una democracia funcional, la vacante de un magistrado del máximo tribunal no es un trámite administrativo menor, sino un evento de relevancia nacional que exige claridad absoluta sobre quién se va, por qué se va y bajo qué condiciones.
Un Comité bajo la Lupa
La conformación del Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales marca el inicio de un cronograma que vence el 1 de mayo. Sin embargo, la celeridad no debe confundirse con eficiencia. Como bien señala Transparencia Venezuela, la falta de información pública detallada sobre las vacantes reales convierte este proceso en una «caja negra».
¿Cómo puede la sociedad civil postular o evaluar perfiles si no conoce con exactitud cuántas sillas están vacías ni las causas legales que originaron dichas ausencias?
El Riesgo de la Justicia «A la Medida»
El peligro de estos procesos de renovación espasmódicos es la consolidación de una justicia de carácter transitorio o, peor aún, una diseñada para responder a coyunturas políticas más que a mandatos constitucionales. El uso de conceptos como el «destacamiento» sugiere una movilidad de funcionarios que erosiona la inamovilidad judicial, principio básico para garantizar que un juez no actúe bajo el temor de ser removido o la promesa de ser «ascendido» a otras áreas del Poder Ejecutivo.
En conclusión, el país no necesita un simple «refrescamiento» de rostros en el TSJ; necesita un saneamiento de sus métodos. Mientras la designación de los jueces más importantes de la República siga ocurriendo entre susurros de pasillo y términos vagos, la confianza ciudadana en la ley seguirá siendo la principal víctima. La transparencia no es un accesorio del proceso de postulación, es la garantía de que la justicia no sea, una vez más, una pieza de intercambio en el tablero del poder.
