El panorama político venezolano vuelve a agitarse con el traslado del líder opositor Juan Pablo Guanipa a su residencia en Maracaibo, estado Zulia, donde deberá cumplir una medida de arresto domiciliario. Este movimiento ocurre menos de 48 horas después de haber sido beneficiado por una boleta de excarcelación que parecía marcar el fin de su detención en El Helicoide.
Cronología de un retorno forzado
La situación de Guanipa dio un giro drástico entre el domingo y el lunes. Tras salir de prisión el pasado 8 de febrero, el dirigente de Primero Justicia participó en actividades públicas y caravanas en Caracas, reafirmando su postura política. Sin embargo, la respuesta del Estado fue inmediata:
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La Recaptura: El lunes 9 de febrero, hombres armados interceptaron a Guanipa en Caracas. Su familia y líderes como María Corina Machado denunciaron el hecho inicialmente como un «secuestro».
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La Justificación Oficial: El Ministerio Público informó posteriormente que solicitó la revocatoria de su libertad plena alegando un «incumplimiento de las condiciones impuestas», vinculando esta decisión a sus declaraciones públicas y actividades tras salir de la cárcel.
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El Traslado: Bajo custodia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fue llevado desde la sede de Maripérez hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para su traslado final al Zulia.
Situación Actual y Reacciones
Actualmente, el equipo de prensa de Guanipa y medios como TV Venezuela han confirmado que el dirigente ya se encuentra en su hogar. No obstante, esta medida de «casa por cárcel» impone severas restricciones a su movilidad y, presumiblemente, a su capacidad de emitir declaraciones políticas.
«A mí nadie me habló de que tenía que restringirme en mis opiniones públicas… tengo que decir lo que pienso», había declarado Guanipa horas antes de su nueva detención.
Este caso se suma al de otros dirigentes como Freddy Superlano, quien también recibió una medida similar de arresto domiciliario en su estado natal (Barinas), lo que analistas consideran una «puerta giratoria» en la gestión de presos políticos durante este inicio de 2026.
