La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) alzó la voz este martes para exigir cuentas claras al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La demanda surge tras el despliegue de un megaoperativo del Ejército contra grupos armados en el estado Bolívar, una región clave por sus inmensas reservas minerales.
A través de su cuenta en la red social X, la organización defensora de derechos humanos fijó una postura firme:
«Solicitamos a la administración de Delcy Rodríguez que informe con transparencia sobre el alcance de la operación, el número de personas detenidas, su situación legal y la condición de los civiles en el área».
Las tres claves de la exigencia de Provea
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Rendición de cuentas inmediata: Exigen detalles precisos sobre el balance del operativo militar y el estatus legal de los detenidos.
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Protección a los civiles: Solicitaron la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo para supervisar el despliegue y garantizar que no se vulneren los derechos de los habitantes de la zona.
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Alerta por antecedentes: La ONG recordó que despliegues similares en el pasado en áreas mineras y sectores populares terminaron en «cientos de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y atropellos contra población civil ajena al conflicto».
El foco en el «abandono estatal»
Provea fue tajante al criticar la estrategia gubernamental en las zonas mineras, señalando que la violencia actual es consecuencia de la misma ausencia del Estado.
«Recordamos que el Estado venezolano abandonó sus obligaciones de proveer seguridad y calidad de vida a los pobladores de esta región del país. Ahora, ese abandono no puede ser sustituido mediante la actuación pendular basada en el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública«, sentenció la organización.
