La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este miércoles la firma de una nueva ley orgánica diseñada para simplificar los trámites administrativos en el país. Durante su alocución, Rodríguez no solo apuntó contra la burocracia, sino que lanzó un llamado urgente a construir un nuevo modelo tributario que se adapte a las necesidades actuales de la economía nacional.
Simplificación de trámites: Menos trabas, más eficiencia
La norma, que recibió el visto bueno unánime del Parlamento el pasado 26 de marzo, busca transformar la relación entre el ciudadano y las instituciones públicas. Según lo expresado por la mandataria, el objetivo central es «superar los trámites innecesarios, inútiles o complejos» que históricamente han ralentizado el aparato estatal.
Puntos clave de la nueva ley:
Eficiencia institucional: Mejora la capacidad de respuesta de los entes públicos.
Eliminación de burocracia: Suprime procedimientos que se consideran impertinentes o redundantes.
Modernización: Facilita las gestiones ante el Estado para dinamizar la actividad económica y civil.
Hacia un nuevo modelo tributario
Más allá de la simplificación administrativa, el anuncio más trascendental fue la instalación inmediata del Consejo Nacional de Economía. Este organismo será el encargado de recibir y procesar propuestas para una reforma profunda del sistema de impuestos en Venezuela.
»Dispongo instalar inmediatamente el consejo nacional de economía para recibir propuestas en el orden de un nuevo modelo tributario para Venezuela», afirmó Rodríguez a través de la señal de VTV.
Participación y «Nueva Institucionalidad»
Rodríguez subrayó la necesidad de crear una «nueva institucionalidad» que sea más ágil y transparente. En un giro inclusivo, hizo un llamado directo a los venezolanos en el exterior (migrantes) para que participen activamente en este proceso de transformación, sugiriendo que el nuevo esquema busca reintegrar y fortalecer los vínculos económicos con todos los sectores de la población.
Dato de contexto: Esta medida se produce en un marco donde el control parlamentario ha permitido una aprobación acelerada de leyes económicas, buscando dar una imagen de renovación en la gestión pública de cara a los retos financieros del 2026.
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